Militares en contexto de megaproyectos y sus implicaciones para la vida cotidiana y los derechos humanos
En el contexto de la realización de megaproyectos en la Península de Yucatán, actualmente existe un proceso que hemos denominado “irrupción militar” por la presencia, actuación, ocupación y permanencia de las Fuerzas Armadas (FFAA)1 y por las implicaciones de ello en la vida cotidiana y los Derechos Humanos (DDHH).
Con la irrupción militar, las FFAA no se limitan a funciones de seguridad pública, de resguardo de fronteras o instalaciones estratégicas, de auxilio a la población en caso de desastres o de construcción, supervisión, operación y administración de megaproyectos. Esta irrupción militar propicia la vigilancia y el control de las personas y de la naturaleza, y no por interés público o de seguridad nacional sino como parte de una estrategia comercial de corporativización e integración militar2 –de carácter capitalista, neoliberal, patriarcal y racista– que se relaciona con inversiones de instituciones financieras (internacionales y nacionales) en un contexto global de multi crisis y reconfiguración geopolítica.
Estos son los resultados de ¿A qué vinieron?, Militares en contexto de megaproyectos y sus implicaciones para la vida cotidiana y los Derechos Humanos, una iniciativa de la organización civil Cohesión Comunitaria e Innovación Social A.C. (CCIS) para la investigación, el intercambio y la incidencia sobre las FFAA en México. Dichos hallazgos son producto de la observación directa de enero de 2023 a febrero de 2025; de testimonios y entrevistas con personas habitantes de las comunidades afectadas y con especialistas; de la revisión de notas de prensa; de una cartografía participativa; y de la experiencia de CCIS en temas de seguridad.
Esta iniciativa existe porque nos importan quienes habitan y transitan en los territorios irrumpidos y porque las FFAA no son incuestionables. Las razones de su irrupción en los territorios, y lo que esto conlleva, deben saberse, analizarse, discutirse y cuestionarse. Aunque se les presuma superiores y excepcionales frente al resto de la administración pública, las FFAA deben estar sujetas a la normalidad democrática. Además, con el anuncio de que ingenieros militares quedarán al mando del servicio de carga del denominado “Tren Maya” y de nuevos megaproyectos (también llamados “proyectos prioritarios”i), lo que sucede en la Península de Yucatán podría ser un laboratorio para la irrupción militar de más territorios en la región y en México.
1. Las FFAA involucradas son las que integran la Armada Permanente de México: Ejército, Fuerza Aérea, Armada de México y Guardia Nacional.
2. La corporativización e integración militar es una estrategia comercial que consiste en enlazar eslabones de la cadena de suministro y valor para aumentar su cuota en el mercado, así como la concentración y dependencia del mismo. Esto reduce la competencia, propicia economías de escala y amplía su poder de negociación frente a proveedores, contratistas, inversionistas, clientes y reguladores.
La evidencia observada y recabada por CCIS muestra que las justificaciones dadas por el Poder Ejecutivo federal (y reforzadas por otros poderes de la unión y órdenes de gobierno) para el despliegue de las FFAA en México no corresponden con la realidad en los territorios irrumpidos.
Para justificar la continuación y profundización del involucramiento de las FFAA en la vida común, el expresidente Andrés Manuel López Obrador dijoii que éstas cumplen rápido y a bajo costo; tienen origen popular y formación nacionalista; son leales al pueblo; se confía en su labor y se aprueba su desempeño; brindan protección, tranquilidad y pacifican al país sin el uso excesivo de la fuerza y con respeto a los DDHH; respetan a las autoridades civiles y no cometen abusos de poder; tienen organización logística; no se aprovechan de la necesidad de las personas y no violan ni reprimen a nadie; no son una empresa que busque ganancias particulares; no son cómplices de criminales; defienden la patria; mantienen la independencia y soberanía; actúan con disciplina, convicción y decoro; y combaten la corrupción1.
En la misma línea y para los mismos fines, la ahora presidenta de la República, Clauda Sheinbaum Pardo, ha agregado que las FFAA son constructoras de paziii y que con ellas hay más democracia, más libertades y un Estado de derecho.iv 2
Bajo esas justificaciones se aprobaron reformas constitucionales y legalesv y se otorgó más presupuesto y más recursos materiales y humanosvi para institucionalizar y legitimar la actuación de las FFAA con la aceptación de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. A más de seis años de que lanzaron estas justificaciones y de poner a militares a cargo de megaproyectos, la evidencia mostró que al menos las obras en la Península de Yucatán no se concluyeron en tiempo y formavii, implicaron sobrecostos, no se hicieron estudios básicosviii y su calidad es deficienteix. ¿Entonces a qué intereses responden las FFAA y quiénes definen dichos intereses?
1. Estos calificativos fueron obtenidos de las versiones estenográficas de los discursos públicos del expresidente Andrés Manuel López Obrador durante su mandato.
2. Estos calificativos fueron obtenidos de las versiones estenográficas de los discursos públicos de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Las FFAA han trascendido su involucramiento en tareas de seguridad nacional y de seguridad pública para emprender, actualmente, una corporativización e integración militar,x que se articula a través del Grupo Aeroportuario, Ferroviario y de Servicios Auxiliares y Conexos Olmeca-Maya-Mexica S.A. DE C.V. (GAFSACOMM), una empresa de participación estatal mayoritaria adscrita a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Dicha estrategia comercial —utilizada generalmente por consorcios, grupos o empresas públicas o privadas— enlaza eslabones de la cadena de suministro y valor para aumentar su cuota en el mercado y la concentración y dependencia del mismo. Esto reduce la competencia, propicia economías de escala y amplía su poder de negociación frente a proveedores, contratistas, inversionistas, clientes y reguladores. Es decir, se busca controlar y gestionar los diferentes procesos involucrados en la oferta de bienes y servicios, que incluyen obtener materias primas, fabricar, transportar, distribuir, comercializar, hacer mejoras al producto final en cada etapa y reducir los costos unitarios de cada bien o servicio al producir más.
La estructura y optimización de GAFSACOMM –y sus marcas registradas para múltiples actividades– revela su interés en sectores de construcción, industrias manufactureras, transporte, servicios corporativos y de apoyo a negocios, servicios de alojamiento, esparcimiento y combustibles. Este grupo, además, detenta “el control de las empresas que administren, operen, exploten y, en su caso, construyan, amplien o mejoren los Aeropuertos Internacionales “Felipe Ángeles”, “Palenque”, “Chetumal”, “Tulum” y el “Tren Maya””.
GAFSCOMM puede obtener, bajo cualquier título, “concesiones, permisos y autorizaciones para llevar a cabo todos los actos inherentes que correspondan”, es decir, que determinen los propios militares.
Bajo la corporativización e integración militar, por ejemplo del sector turístico, en la Península de Yucatán las personas visitantes ya pueden contratar a la agencia de viajes de la Sedena, volar por su aerolínea, aterrizar en su aeropuerto, transportarse en sus vehículos, cargar combustible en sus estaciones de servicio, hospedarse en sus hoteles y comprar en su sistema de boletaje. Pueden visitar museos militares, ver a personas trabajadoras que usan ropa confeccionada en sus maquilas o recorrer sitios arqueológicos bajo su vigilancia y con guías turísticos locales que trabajan para ellos por un salario mínimo y propinas. Podrán consumir alimentos y bebidas, incluida cerveza sin alcohol, producidos por ellos. Una experiencia turística completamente en manos de los militares.
Estas decisiones y acciones del Estado benefician a GAFSACOMM frente a posibles competidores. ¿Porqué instituciones militares dedicadas a la defensa de la integridad, la independencia y la soberanía –que consiguieron más recursos bajo el argumento de brindar seguridad– necesitan una estrategia comercial a través de empresas de participación estatal mayoritaria?¿En qué beneficia al país y a la región que las FFAA y GAFSACOMM adopten modelos de negocios capitalistas, desarrollistas, neoliberales, clasistas y racistas? ¿Cómo son usadas las ganancias de GAFSACOMM y de las FFAA? ¿Por qué no ha dado explicaciones al respecto el gobierno federal?
GAFSACOMM también tiene relación con instituciones financieras internacionales y nacionales. Esto es importante porque demuestra que los “proyectos prioritarios” o megaproyectos gubernamentales no están hechos sólo con recursos federales, como ha planteado el Poder Ejecutivo, sino que se relaciona con instancias que reciben capital público y privado, incluido extranjero.xi También es importante porque estas instituciones financieras están obligadas a garantizar que sus clientes respeten los DDHH.
Conforme a una investigación financiera, se identificó que hay instituciones financieras involucradas con inversiones y operaciones en puertos y aeropuertos relacionados directa o indirectamente con el denominado “Tren Maya” y el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Para los territorios irrumpidos, es de primordial interés un proyecto del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que consiste en una línea condicional para proyectos de inversión por 1 billón de dólares para la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu). Esta dependencia, a su vez, firmó un convenio de colaboración con GAFSACOMM para proyectos del Programa de Mejoramiento Urbano en el denominado Parque del Jaguar.
El Parque Nuevo Uxmal, en Yucatán, también de GAFSACOMM, recibe financiamiento del Fondo para Áreas Naturales Protegidas, que a su vez tiene financiamiento de instituciones como el Banco Mundial, el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, la International Community Foundation, el KFW Development Bank, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y la Agencia de EEUU para el Desarrollo Internacional.
También hay varios proyectos energéticos en la Península de Yucatán que públicamente se han relacionado con el denominado “Tren Maya”, entre ellos la Central Mérida IV, que recibe financiamiento de un Fondo Maestro de Inversiones administrado por CIBANCO S.A. de C.V. y cuyos fideicomitentes (que entrega ciertos bienes) son la Comisión Federal de Electricidad (CFE), CFE Energía y CFE Transmisión, la cual, a su vez, recibe financiamiento del Banco de desarrollo de América Latina y El Caribe (CAF), de la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), de Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC), de Mitsubishi UFJ Financial (MUFG Bank) entre otros bancos privados. La Central Valladolid III, llamada oficialmente “Riviera Maya”, también recibe financiamiento de Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) -empresa pública española- y del Fondo Maestro de Inversiones referido. La Central Termoeléctrica AES Mérida III recibe financiamiento de la Corporación Financiera Internacional y del Banco Japonés de Cooperación Internacional, que también financia el parque solar La Pimienta junto con el BID, el grupo Société Générale el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), entre otros.
La irrupción militar, y la corporativización e integración militar que le subyace, han sido posibles por un conjunto de actos de autoridad que datan, al menos, desde la emergencia sanitaria por la Covid-191. Es decir, son previos a que se anunciara oficialmente la llegada de las FFAA a la Península de Yucatán.
El Consejo de Salubridad General llamó a detener todas las actividades del país salvo las relacionadas con seguridad pública, protección ciudadana, defensa de la integridad y soberanía nacional y las relativas a aeropuertos, puertos y ferrocarriles.
El entonces presidente de México dispuso de la Armada Permanente de México para tareas de seguridad pública.
Se creó, por acuerdo presidencial, una empresa de participación estatal mayoritaria denominada “Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, S.A. de C.V.”, agrupada en la Sedena.
El entonces comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio,ix dijo que desplegó 35 elementos para presuntamente garantizar y salvaguardar las áreas naturales en la Reserva de la Biosfera de Calakmul.
Por acuerdo presidencial, los proyectos y obras del gobierno de México –y otros considerados como prioritarios y estratégicos para el “desarrollo nacional”– se declararon de interés público y seguridad nacional y se instruyó a las dependencias de la Administración Pública Federal a emitir, en máximo cinco días hábiles, autorizaciones provisionales para su actuación.
Bajo la promesa de hacer "labor social"xii en las comunidades, los militares empezaron a asentarse en las canchas y calles de los territorios irrumpidos.
Al cierre de la construcción del Aeropuerto Felipe Ángeles, López Obrador anuncióx que enviaría a Tulum, Quintana Roo, 98 ingenieros militares y una tropa de apoyo, quienes se instalarían en 10 campamentos, para iniciar la construcción del denominado "Tren Maya". Cinco días después7, la Sedena (que ahora pretende llamarse Defensa) dijo que entre 75 y 80 ingenieros de la Agrupación de Ingenieros Felipe Ángelesxiii, 12 unidades de maquinaria pesada, 6 camiones de volteo y 9 oficinas móviles. Los ingenieros militares empezarían trabajos preliminares en Tulum y después se redistribuirían a lo largo de la ruta del Tren.
Se emitió una resolución para constituir la empresa de participación estatal mayoritaria denominada GAFSACOMM (los servicios conexos fueron agregados en 2023).
En otro acto de autoridad se sentaron las bases para fusionar GAFSACOMM con la Aerolínea del Estado Mexicano, S.A. de C.V. y con los Aeropuertos Internacionales “Felipe Ángeles”, “Palenque”, “Chetumal”, “Tulum” y el “Tren Maya”.
La Sedena concluyó un paquete de trámites para registrar una marca denominada Tsiimin K’aak, que agrupa una empresa proveedora de alimentos, embalaje y almacenamiento de mercancías, servicios de entretenimiento y actividades culturales y deportivas. Con esta marca se nombra al denominado "Tren Maya".
El exmandatario federal informó que la Sedena ya estaba a cargoxiiii en la Península de Yucatán de, al menos, la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Carrillo Puerto; la remodelación y modernización del Aeropuerto de Chetumal; los tramos 5 sur y 5 norte, 6 y 7 del denominado "Tren Maya"; seis hoteles en la ruta del Tren; dos parques de reservas ecológicas; construcción, rehabilitación y mantenimiento en caminos y carreteras federales; el acueducto de Escárcega a Xpujil; instalaciones de la Guardia Nacional; la modernización de secciones aduanales en Chiapas y Quintana Roo; viveros forestales en Veracruz, Tabasco, Quintana Roo y Chiapas; la construcción de Hospitales para el Bienestar en Yucatán; entre otros megaproyectos.
La Sedena inició ante el Instituto Mexicano de Propiedad Intelectual el registro de las marcas comerciales y protección de denominaciones del Hotel Tren Maya Tulum, Hotel Tren Maya Palenque, Edzná, Calakmul, Chichén Itzá y Nuevo Uxmal.
La Sedena y la empresa "Tren Maya" abrieron una licitación para contratar un servicio integral de monitoreo, seguimiento, síntesis, análisis temático y reporte de información de los medios de comunicación nacionales e internacionales y de redes sociales. Ello para “proteger la imagen” del megaproyecto.2
Cuando se dio por terminado e inaugurado el denominado “Tren Maya”, quienes habitan las comunidades dijeron percibir una “tensa calma” porque muchas personas que llegaron por los megaproyectos se fueron de las comunidades. Sin embargo, las FFAA no sólo se quedaron sino que ahora incluso ocupan nuevas zonas dentro las comunidades y, en algunos casos, “corre el rumor” –como dicen las personas entrevistadas– de que nuevos proyectos están por venir.
Actualmente no hay información oficial sobre cuántos elementos, vehículos y maquinaria militares más se enviaron a la región para la continuación de los megaproyectos ni por qué razón permanecen. ¿Por qué no se ha informado a la opinión pública cuántos militares hay, en dónde están, desde cuándo llegaron, qué están haciendo y por qué siguen ahí?
1. Aunque hay referencias del involucramiento de militares en labores de construcción y protección de áreas naturales protegidas antes de la administración de López Obrador.
2. Dicho monitoreo es exhaustivo, en tiempo real, las 24 horas de los siete días de la semana. Busca “menciones y temas relevantes para la institución” del denominado “Tren Maya”; identifica y segmenta “a los actores y grupos de interés clave”; clasifica y cataloga la información por relevancia, tipos de medio y potencial de impacto; e implementar protocolos avanzados de alerta temprana para la detección y manejo de crisis.
CCIS observó que en los territorios irrumpidos de la Península de Yucatán hay una desproporción entre lo que se anunció inicialmente y la actual presencia, actuación, ocupación y permanencia de las FFAA en ellos.
Conforme a lo investigado, la irrupción militar abarca lo terrestre, lo aéreo y lo marítimo y cambia en el tiempo y en el espacio. A veces es visible, otras es mimetizada o camuflada y unas más es invisible.
La irrupción militar es distinta y va más allá de la militarización y el militarismoxiii que ocurre en el resto del país porque no supone únicamente la delegación de facultades, atribuciones, competencias y presupuestos para las funciones en las que se han involucrado las FFAA, histórica y recientemente, ni la adopción de lógicas y dinámicas bélicas para comprender y enfrentar los problemas. Esta irrupción militar propicia la vigilancia y el control de las personas y de la naturaleza como parte de una estrategia comercial de corporativización e integración militar.
Bajo la irrupción militar las FFAA no fungen únicamente como servidores públicos, sino que se insertan en la estructura y dinámica comunitarias adoptando múltiples roles: patrones, clientes, contratantes, proveedores, vecinos y/o parientes. Se les ve en hoteles, restaurantes, lavanderías, farmacias, calles, construcciones y bares sin que sea posible discernir fácilmente su rol ahí.
Si bien el carácter dinámico de este proceso obstaculiza su observación, sistematización y predicción, CCIS tiene evidencia de la irrupción militar en al menos tres municipios de la Península de Yucatán (Calakmul, en Campeche, y Felipe Carrillo Puerto y Othón P. Blanco, en Quintana Roo), lo que permite caracterizarla de la siguiente manera.
Entre el 12 de julio de 2022 y el 12 de diciembre de 2024 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación un conjunto de decretos de expropiación de terrenos a localidades, ejidos y propietarios privados a favor de la Sedena o de Fonatur, después a Tren Maya S.A., ahora fusionada en GAFSACOMM.
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Antes del denominado Tren Maya ya existían grandes instalaciones militares en los territorios pero la irrupción implicó la construcción de nuevas instalaciones, entre ellas los cuarteles de la Guardia Nacional, oficinas de distintas corporaciones y agrupamientos de las FFAA, unidades habitacionales militares, las propias estaciones y paraderos del Tren (…)
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Además de las instalaciones militares, las FFAA establecieron campamentos base dentro de comunidades con apenas cientos o si acaso miles de habitantes. Dichos campamentos se instalan mediante carpas, remolques o pequeñas edificaciones –en las que se restringe el paso con alambrado, lonas negras, personal militar o letreros– pero también a través de la ocupación (…)
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La irrupción militar también se expresa con la presencia desproporcionada y el tránsito constante de vehículos militares en las carreteras, avenidas y calles en las comunidades. Algunos vehículos están rotulados del Ejército Mexicano, de la Guardia Nacional, de la Sedena o de Tren Maya Tsíimin K’aak y otros con mantas que los identifican “al servicio de la Sedena”.
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En los territorios irrumpidos se usa señalética, banderas, escudos, logos y marcas que muestran el dominio de las FFAA. En los caminos y carreteras hay letreros del Agrupamiento Felipe Ángeles; del Cuerpo de Ingenieros del Ejército Mexicano y del Ejército Mexicano en general.
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Una expresión clave de la irrupción militar es la presencia dinámica y cambiante en los territorios de integrantes de las distintas corporaciones de las FFAA, tanto tropa como mandos medios y superiores y, posiblemente, elementos de fuerzas especiales.
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La irrupción militar también supone que militares toman de manera momentánea, temporal o permanente, sitios o lugares que son estratégicos para la memoria y para la reproducción de la vida cotidiana de las personas en las comunidades, tales como mercados, escuelas, fruterías, papelerías, gasolineras, tiendas de abasto, museos, carreteras, zonas arqueológicas y sitios ceremoniales.
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La irrupción militar implica tácticas de contrainteligencia, contrainsurgencia ampliada, disciplina y castigo de militares hacia civiles. Se tienen referencias de quealas personas que cuestionan a los militares les han intimidado, hostigado y amedrentado mediante seguimientos, rondines, cateos, cierres de calles, apostamiento de elementos fuera de sus casas
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La irrupción de los territorios implica, también, un acaparamiento, aprovechamiento, utilización y/o explotación de la naturaleza por las FFAA que concentran elementos como las tierras, los cuerpos de agua, las especies de flora y fauna en riesgo y el material pétreo en los cerros.
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La irrupción militar se expresa en la discrecionalidad y arbitrariedad con la que actúan las FFAA, lo que supone que cualquier encuentro o interacción con militares es difícil de prever y manejar porque su actuación no necesariamente cumple ni propicia que se cumpla con el marco jurídico vigente.
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La irrupción militar –y la corporativización e integración militar que le subyace– tiene implicaciones en la vida cotidiana y los DDHH de quienes habitan y transitan los territorios irrumpidos. Algunas son generales para la población en su conjunto y otras son específicas y diferenciadas para ciertos grupos: mujeres, infancias, personas trabajadoras, personas defensoras, personas indígenas, personas en contexto de movilidad, entre otras.
En general se identificaron posibles violaciones al Derecho Humano a la vida; a la igualdad y no discriminación; a la libertad y la seguridad; a circular libremente; a la libertad de expresión; a la libertad de asociación; a participar en asuntos públicos; a condiciones justas y favorables de trabajo; a la protección de la niñez; a participar en la vida cultural de la comunidad; a un nivel de vida adecuado y a vivir en un ambiente sano; al derecho de acceso a la información; a la libre determinación y autonomía de los pueblos; entre otros.
CCIS documentó algunos ejemplos ilustrativos que muestran esas implicaciones:
1) En mayo de 2023, en el ejido Constitución, en Calakmul,xxi un militar asesinó a un civil que era trabajador del denominado “Tren Maya”. El pueblo se manifestó para asegurarse que el responsable fuera entregado a las autoridades para ser procesado. Los militares, asentados en el mercado local, protegieron al presunto homicida y no a la comunidad, quien tuvo que protestar hasta la madrugada para que llegara la Fiscalía y se detuviera al soldado responsable. Días después, el gobierno de Campeche acusó a la comunidad de actuar “raro” en contra de los militares y responsabilizó a las “chelerías”, tiendas de venta de comida y de bebidas que son fuente de ingresos principalmente para las mujeres en la comunidad. Como consecuencia, al menos una de las personas que atestiguaron el asesinato tuvo que abandonar su hogar. Se vinculó a proceso a una persona por el asesinato del trabajador pero hasta ahora se desconoce si el militar fue sentenciado y si la familia y las víctimas directas e indirectas recibieron algún tipo de reparación. Las personas que lo vivieron aseguraron que, posterior al hecho, hubo amenazas y formas de presión para silenciar a la comunidad.
“La culpa no es de quien vende, la culpa fue del militar porque andaban borrachos (…) yo los vi y ese día estaban tomados (…) No hubo un pleito, sólo vi que dispararon y ya (…) hubo mucha gente en riesgo. En la detención se hizo un borlote (…) los militares se fueron del pueblo, ya no regresaron porque la gente dijo que aquí no quería militares (…) tenemos malos soldados, digo yo.” (habitante del Ejido de Constitución, Campeche)
“El gobierno que está, que nos toca, encubre siempre a los soldados y ellos se dedican a hacer asesinatos, no es la primera acción que hacen en contra de los ciudadanos y sólo por ser soldados y por tener el apoyo de la gobernadora o de sus jefes hacen lo que les place (…) existe una violación total de los derechos humanos (…) aún habiendo testigos, el gobierno nunca los llamó sabiendo que había personas que podían declarar (…) hasta donde yo sé, no hubo justicia” (habitante del Ejido de Constitución, Campeche)
2) En octubre de 2024, un trabajador originario del Estado de México murió electrocutado mientras laboraba en uno de los tramos del denominado “Tren Maya”. De acuerdo con sus familiares, el trabajador fue reclutado por una empresa subcontratada por la Sedena. El trabajador, joven, no recibió capacitación y le pidieron llevar su propio equipo de protección. La empresa informó a la familia que la muerte fue por un paro cardíaco pero gracias a un compañero del trabajador, la familia supo que en realidad ese paro cardíaco ocurrió porque recibió una descarga eléctrica, no había personal de protección civil en el área, personal entrenado para este tipo de incidentes ni equipo adecuado para rescatarlo (tardaron más de una hora) y la ambulancia tardó en llegar.
“Yo entiendo pues que si ganas una licitación tienes que cumplir con todo, con todos los estándares y más que nada de seguridad, que es lo principal y después de calidad que sería en el trabajo. Pero aquí en cuestiones de seguridad la verdad no, pues no cumplen con nada. Me imagino que la Secretaría de la Defensa Nacional, que es la que está encargada de la obra es la que se tiene que encargar de revisar todos los contratos y que cumplan con las expectativas y las especificaciones que se deben de tener para entrar a trabajar a una obra de esta magnitud y para el gobierno federal” (Familiar de trabajador muerto en Quintana Roo)
De acuerdo con la familia del trabajador, éste no tenía seguridad social ni algún tipo de seguro de vida, además de que vivía en condiciones precarias, le dieron información falsa durante la contratación y diariamente le retenían sus identificaciones oficiales. La familia dijo que, al recoger el cuerpo, un ingeniero les ofreció un apoyo económico para gastos funerarios pero presionó y condicionó la entrega del cuerpo a que firmaran un documento de conformidad para la Sedena. El compañero del trabajador con el que había sido reclutado dijo a la familia que quedó muy afectado psicológicamente pero nadie le ofreció atención al respecto. Al resto de compañeros les ocultaron la muerte del trabajador asegurándoles que se había recuperado y regresado a casa. Tenía 20 años. Le sobrevive su pareja y un hijo de dos años de edad.
“No sé cómo la Secretaría de la Defensa Nacional puede ser tan inocente en pensar que nunca va a pasar nada o que esto no va a salir a la luz porque en verdad pues se equivocaron. Y a lo mejor yo pueda ser el parteaguas pero yo creo que también detrás de mí hay muchísimas personas que también están dispuestas a hacer lo que yo estoy haciendo. Están con todas las ganas y la entereza de que esto salga a la luz. No importa que sea la Secretaría de la Defensa Nacional (…) si hay que mover cielo, mar y tierra pues lo tenemos que hacer para que otras personas no sufran lo mismo y reclamen desde el principio lo que es justo” (Familiar de trabajador muerto en Quintana Roo)
3) En 2022, una persona que se empleaba en actividades de arqueología en distintas obras del denominado “Tren Maya” denunció en sus redes sociales el robo y destrucción de vestigios arqueológicos por parte de ingenieros militares y empresas subcontratadas. Luego de que las personas de las comunidades conocieran y difundieran su información, la persona trabajadora aseguró que fue perseguida por la GN y elementos de la Sedena a través de rondines constantes en su casa, seguimientos y hasta una revisión atemorizante.
“Empezaron a pasar ahí aproximadamente una semana dando rondines nocturnos hasta que en una ocasión yo estaba en mi habitación cuando escucho que empiezan a llegar muchos carros. Salgo a mi balcón, me asomo y los soldados ya habían cerrado toda esa calle y ya habían puesto sus conos (…) En otra ocasión, un día normal se me acercó una moto roja de un muchacho que me empieza a dar mis datos personales y me empieza a decir ‘tú vives en esa casa de ahí, de tal color’. Me asusté y como pude salí corriendo, subí las escaleras, entré a mi departamento y la moto se quedó todavía ahí (…)” (Persona defensora de derechos en Campeche)
“Otro día me tiraron literal la camioneta de soldados y me hicieron orillarme y bajarme del vehículo, empezaron una orden de cateo mientras yo estaba ahí intimidada por varios soldados y camionetas (…) esto fue ya de noche (…) me empezaron a gritar ‘bájate de la camioneta’ (…) estaban armados, yo estaba asustada, acorralada” (Persona defensora de derechos en Campeche)
4) En octubre de 2023, un menor de edad fue atropellado por un volquetero, al servicio de la Sedena en Xpujil, Campeche, que manejaba a exceso de velocidad. Este hecho agravó las protestas de habitantes de distintas comunidades de Calakmul hacia los militares para exigir la destitución de un mando por su conducta hacia la población y por desatender sus demandas sobre los riesgos viales ocasionados por las construcciones. A partir de entonces se establecieron acuerdos sobre el acceso y estacionamiento de vehículos de construcción a cargo o al servicio de la Sedena pero éstos dejaron de cumplirse un mes después. También a partir de entonces se hizo menos visible la presencia militar sin que disminuyera.
“Después de la situación del menor la toda la comunidad tomamos conciencia de manera más colectiva para ayudarnos entre todos. Hay pequeños y ciertos acuerdos en las que se llegaron de que si ocurre alguna situación o alguna persona de la comunidad ve ciertas cosas que están fuera de los acuerdos, pues estas mismas personas tienen el derecho de ir con las personas que quedaron como representantes de toda la comunidad (principalmente mujeres), van presentan quejas y ya se hablan, se tratan y se vuelven a llegar a acuerdos” (mujer joven Calakmul).
La irrupción de las FFAA ha tenido consecuencias en los DDHH y en diferentes aspectos de la vida cotidiana de quienes habitan y transitan en las comunidades afectadas. Algunas de estas implicaciones parecen sutiles pero se expresan en las decisiones, las acciones y las experiencias diarias de las personas, particularmente a nivel emocional y afectivo. Y sus efectos pueden extenderse a lo largo del tiempo.
La mayoría de las personas entrevistadas expresaron tener miedo ante la irrupción militar, así como a hablar, nombrar y reconocer lo que ocurre, a seguir la vida como si no ocurriera nada o a tener que seguir con ella aunque ocurra. Las personas también cuidan lo que dicen, con quién lo dicen, dónde lo dicen y cómo lo dicen. Ello se debe a la entreveración de militares con distintos roles en los diferentes ámbitos en los que transcurre el día a día, a que se sabe que hay informantes que registran y reportan lo que consideran inusual y al monitoreo de organizaciones, colectivas y defensoras y defensores. Algunas personas incluso se dijeron temerosas de que se les detenga, cuestione, vigile o criminalice por sus posturas políticas. Las víctimas directas de violaciones a DDHH cometidas por militares en este contexto también tienen miedo a ser perseguidas y castigadas si hablan públicamente de lo que les hicieron.
“Hay mucho que contar pero prefiero seguir viva” (Mujer, Calakmul)
“Es como un miedo permanente que de pronto me detengan y nadie haga nada pero como que pareciera que uno se va acostumbrando, como que está el miedo ahí latente” (Mujer maya joven, Felipe Carrillo Puerto)
“Sí me ha llegado a dar miedo. Por eso siento que ahorita estamos más callados. Cuando se anunciaron acá, hablamos un montón. Y sí, como que de pronto incluso gente de la comunidad se alejó de nosotros.” (Mujer maya macehual, Felipe Carrillo Puerto)
“Entonces ahorita es una combinación del miedo, el que siento porque lo que hacíamos antes ya no lo hacemos de la misma forma, porque ahora sí vemos más cerca el peligro.” (Mujer maya macehual, Felipe Carrillo Puerto)
Algunas personas refirieron que la irrupción militar les hace sentir depresión, ansiedad, frustración, enojo, desesperanza, desconsuelo, aislamiento, desconfianza, inseguridad, tranquilidad ypreocupación.
Hubo personas a quienes la irrupción militar las desplazó a distintas comunidades en el mismo territorio o entre territorios tanto por la situación actual para la población general como por incidentes de seguridad en contra de personas específicas. Hay testimonios y notas de prensa que aluden a amenazas de las FFAA y a un incremento de levantamientos, secuestros, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales atribuidas a militares y/o al crimen organizado.
“Qué casualidad que en cuanto llegaron estos amigos empezó a haber un muertito por aquí, una desaparición por allá” (Hombre, Calakmul)
“En [se omite por razones de seguridad] sí estuvo la Guardia Nacional un tiempo por lo que pasó. Entró el narcotráfico y despedazaron varias cosas. La gente quiso defenderse y entraron ellos con armas. Golpearon a dos mujeres como a tres hombres. Entonces los militares entraron después, cuando ya había terminado, entraron y estuvieron algunos días haciendo rondines.” (Mujer joven maya, Felipe Carrillo Puerto)
“Generalmente están yendo en las camionetas, están con sus armas o cuando han encontrado a alguien asesinado o un tiroteo, pues están con los Jaguares, está Guardia Nacional, a veces policías están. Todos con sus armas. Me ha tocado que de pronto no sé qué pasa, pero van y te dicen apúrense y están con las armas ya listas para disparar.” (Mujer maya macehual, Felipe Carrillo Puerto)
“Para mi [los militares] sí representan la violencia y más con el crimen organizado. Yo no lo veo como algo positivo. Sino que representan las armas, la violencia y el hecho de que no puedas hablar, como que ellos representan la mordaza, el control.” (Mujer maya macehual, Felipe Carrillo Puerto)
El proceso de irrupción militar en los territorios modificó la vida cotidiana de las mujeres, tanto por la imposibilidad o dificultad de realizar con normalidad sus actividades diarias como por distintas modalidades y formas de violencia que han aumentado en contra de ellas y que ejercen tanto civiles como militares, particularmente supervisores, ingenieros, arquitectos y obreros.
“La verdad es que casi no salgo. Después de cuando empezó lo de la construcción del tren había muchos hombres y ya no, ya no salía (…) Una vez salí de mi casa y caminé por acá y se emparejó una moto. Llevaba mi cartera y mi teléfono y se me puso así a un lado y yo dije me van a robar. Y agarré mis cosas y nada más me dijo “cuidado” y se fue. Dije ‘cuidado de qué o qué’ Ya después de ese momento definitivamente ya no salí sola.” (Mujer joven, Calakmul)
“A mi compañera de casa, casi saliendo de su trabajo en moto la agarraron. No sé si la querían subir o qué. No sabemos pero ella se forcejeó y logró escapar. Corrió, corrió, corrió. Pero sí le hicieron. Tiene su cicatriz en su brazo. De que la lastimaron” (Mujer joven, Calakmul)
Hay referencias que relacionan la irrupción militar a misoginia y menosprecio a las opiniones de mujeres trabajadoras, particularmente jóvenes; a un incremento en los embarazos –incluidos los tempranos y/o no deseados–, a casos de abusos sexuales y a relaciones afectivas que se establecen entre mujeres y militares, algunas de ellas no consentidas ni decididas libremente. Hay referencias a más redes para la explotación sexual de las mujeres. Además, para trabajar en el denominado “Tren Maya” se emplea a mujeres con alguna condición de vulnerabilidad -como ser cuidadoras únicas de sus hijas, hijes o hijos- en roles de mayor riesgo laboral, por ejemplo como bandereras.
La irrupción militar ha limitado o imposibilitado el ejercicio pleno del derecho a la libre expresión, a la manifestación y a la reunión pacífica. Incluso hay indicios de represalias contra algunas personas que cuestionaron a militares por actos y omisiones que podrían constituir violaciones graves a los DDHH.
“A veces con la comunidad hay ciertos problemas de servicios públicos, entonces se han hecho algunas otras marchas y pues siempre están presentes [los militares], en alguna otra cosa que haya de marchas y protestas, pues ellos siempre están (… ) Digamos que [para] tomar un control, algo así, no sé cómo expresarlo, para que la situación que esté ocurriendo no vaya a más.” (Mujer joven, Calakmul)
La irrupción militar también ha desmovilizado a organizaciones, colectivos, movimientos en torno a la defensa de la tierra y el territorio. La estigmatización y criminalización de personas defensoras con la irrupción militar ha originado o agravado divisiones, tensiones y conflictos entre quienes tienen distintas posiciones e intereses alrededor de los megaproyectos. También ha vulnerado la organización comunitaria y colectiva tanto por los cambios acelerados en los territorios irrumpidos como por la limitada disponibilidad de tiempo por la carga de trabajo en los megaproyectos o en la defensa ante los mismos. Además, se ha debilitado la confianza, tanto interpersonal, como en las instituciones que son percibidas como cómplices de la irrupción militar.
“La gobernadora me echó la culpa a mí (…) nada más porque a ella le interesó limpiar la imagen de los soldados (…) violaron mis derechos a la libre expresión, a que me crean y a que sea escuchada mi voz (…)” (Defensora de DH en Campeche)
“A mí me resonó mucho cuando mencionaron que el miedo es político, porque realmente el miedo es utilizado para desorganizar. El miedo es utilizado para que no levantes la voz.” (Mujer maya macehual, Felipe Carrillo Puerto)
Para las infancias, el proceso deirrupción ha supuesto su utilización con fines de propaganda y publicidad de las FFAA y los megaproyectos, por ejemplo, a través de su involucramiento en actividades cívico-militares o del registro de interacciones entre adultos militares e infancias.
“Pienso mucho en la vida de [las infancias]. Pienso en que le está tocando un tiempo horrible. Yo siempre le explico que las Fuerzas Armadas no son algo positivo. Cuando vinieron estos militares y enfrente de nosotros con sus armas y nos dijeron ‘apúrense’ pues fue un momento muy fuerte para nosotros. Entonces no me imagino una vida así para las niñeces, esas cosas no deberían de existir.” (Mujer maya macehual, Felipe Carrillo Puerto)
Para las personas jóvenes, el proceso de irrupción modifica sus actividades así como los días, horarios y lugares en los que las realizan.
“¿Yo creo que más los jóvenes, porque he escuchado muchas de sus historias diciendo que han pasado por robos, porque les quitan dinero, no? Y se iban con cuidado o iban entre muchos para que no se sintieran desprotegidos, desprotegidas.” (Mujer maya macehual, Felipe Carrillo Puerto)
“Pero también yo creo que es también estratégico. No sé. Me imagino porque al final de cuentas quienes durante la historia levantan la voz pues son las juventudes, no? Entonces, si a las juventudes tú las controlas, es difícil que pueda haber una organización entre entre ellos para que puedan alzar la voz. Entonces yo creo que incluso todas esas detenciones a jóvenes, es como el mensaje de que tienen las juventudes y que estén controlando el territorio.” (Mujer maya macehual, Felipe Carrillo Puerto)
Para las personas móviles, el proceso de irrupción aumenta su vulnerabilidad por estar en un lugar de residencia distinto a su lugar de origen y porque existen retenes que se anuncian con fines humanitarios pero que estigmatizan y criminalizan la movilidad.
El proceso de irrupción militar ha empeorado las condiciones laborales de las personas trabajadoras civiles, desde el reclutamiento y la contratación hasta la terminación de la relación laboral; pasando por los horarios, las labores riesgosas, sin capacitación ni equipo de protección, la ausencia o limitado acceso a agua, sombra, descanso y baño, la falta de acceso a servicios de salud y seguridad social, las condiciones de alojamiento, el transporte desde y hacia la jornada laboral y la limitación para tomar vacaciones. Por lo referido en varios testimonios, CCIS entendió que se recluta a personas en situación de vulnerabilidad socioeconómica o con alguna condición de salud previa pero no porque se busque incluirlas laboralmente sino porque dicha condición o situación hace menos probable que se quejen por las condiciones laborales inadecuadas.
CCISxxii analizó las muertes prevenibles por el denominado “Tren Maya” y encontró que, aún sin concluir la construcción de los siete tramos, ya había al menos 64 personas trabajadoras muertas y 46 lesionadas por presuntos riesgos de trabajo (identificadas en una revisión hemerográfica del 1 de diciembre de 2018 al 27 de septiembre de 2024). Con base en este análisis identificó que estas muertes se podían evitar con medidas preventivas y correctivas para la seguridad y la higiene en el trabajo.
“Hubo una ocasión en la que estaban hablando sobre los porcentajes de cuánto faltaba para que se finalizara la obra. El coronel estaba muy enojado, habló con todo el personal y dijo que no llevaba ni el 50% del proyecto. Entonces dijo que él no estaba pagando por sus horarios sino por el trabajo, así que no importaba si se tenían que quedar más tiempo pero ellos tenían que entregar esta obra. Entonces ese es mi disgusto, que te hacían quedarte y pues no te pagaban” (persona trabajadora del denominado Tren Maya).
Para las personas de pueblos originarios, la irrupción militar viola su derecho a la libre determinación y autonomía porque no otorgaron su consentimiento libre, previo, informado y con conocimiento de causa para que se realicen actividades militares en sus territorios, las cuales afectan sus tierras y territorios, su cosmovisión, su espiritualidad y sus derechos colectivos en general. La irrupción militar también afecta a quienes son integrantes de los pueblos originarios y que se enlistan para ser parte de las FFAA, con los consecuentes círculos de violencias en las instituciones militares en los que se ven inmersos.
“Yo me pregunto quiénes forman parte de la Guardia Nacional, creo que hay muchas personas de pueblos originarios que lo ven como una forma de tener buenos ingresos y hay algunos cuestionamientos de si realmente ganan bien.” (Mujer maya macehual, Felipe Carrillo Puerto)
“Como verlos como realmente personas, pensando que muchos también vienen de pueblos originarios. Pero hay como una barrera que no nos permite relacionarnos por lo que representan, no? Lo que simbolizan.” (Mujer maya, Felipe Carrillo Puerto)
El proceso de irrupción militar de los territorios está a cargo de las FFAA. Pero hay otros sujetos que –por su influencia con las FFAA y su relación con los megaproyectos en los territorios– tienen responsabilidades y obligaciones con respecto a la irrupción militar y sus implicaciones para la vida cotidiana y los DDHH.
Las autoridades de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial y de los órdenes de gobierno federal, estatal y municipal deben prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los DDHH que ocurran en el contexto de cualquier megaproyecto. No obstante, por actos y omisiones, en este caso, han incluso posibilitado o permitido la irrupción militar.
Las empresas involucradas en estos megaproyectos tienen la responsabilidad de respetar los DDHH en sus actividades, lo que implica abstenerse de infringirlos y hacerle frente a las consecuencias negativas en las que tengan alguna relación. Dicha responsabilidad aplica a empresas públicas, privadas nacionales y extranjeras, proveedoras o contratistas de bienes y servicios, para las empresas de participación estatal mayoritaria o para los agrupamientos de ingenieros militares a cargo de las obras públicas y los servicios relacionados. A pesar de dicha responsabilidad, la evidencia muestra que no están previniendo, mitigando, compensando y reparando las consecuencias negativas que tienen sobre los derechos humanos en el contexto de la irrupción militar.
Las instituciones financieras nacionales e internacionales y los bancos privados tienen marcos, políticas, normas y salvaguardas propias para la identificación y gestión de impactos sociales y ambientales, para el acceso a la información y para la participación y la consulta de quienes son susceptibles de ser afectados por su financiamiento. Además, sus clientes deben cumplir con el marco jurídico vigente en donde operan. Pero, pese a la irrupción militar que reduce el espacio cívico y limita el ejercicio pleno de derechos humanos individuales y colectivos, dichas instituciones y bancos tienen fondos, inversiones u operaciones en obras públicas o servicios relacionados de manera directa o indirecta con los megaproyectos a cargo de las FFAA en los territorios irrumpidos.
Es la pregunta que sigue resonando entre quienes habitan y transitan los territorios irrumpidos. Son los sujetos obligados quienes deben dar esa respuesta públicamente y rendir cuentas por ella. La investigación realizada hasta ahora, permite a CCIS hacer las siguientes interpretaciones.
1) Las FFAA no están en los territorios irrumpidos por los motivos y razones dadas por el entonces Comandante y la ahora Comandante Suprema de las Fuerzas Armadas. Los dichos difieren de los hechos.
2) El despliegue de las FFAA no fue sólo para reforzar ciertas funciones relacionadas con la seguridad o la construcción de los denominados “proyectos prioritarios” sino para irrumpir militarmente en los territorios con la presencia, actuación, ocupación y permanencia de las FFAA.
3) Las FFAA no sólo están ahí como autoridades, ni para facilitar los negocios de empresas privadas, sino que las FFAA están como empresas militares acuerpadas por decisiones y acciones del propio Estado.
4) La irrupción militar posibilita la vigilancia y el control de las personas y de la naturaleza con fines de corporativización e integración militar.
5) La corporativización e integración militar pueden considerarse estratégicas para los fines comerciales de GAFSACOMM dado el contexto global de multi crisis y reconfiguración geopolítica que hacen que ciertos sectores productivos y ciertos territorios -como las Áreas Naturales Protegidas y las zonas con mayor biodiversidad, como la Reserva de la Biósfera de Calakmul y el Complejo Sian Ka‘an- sean foco para la pugna trasnacional.
Esta iniciativa seguirá observando y analizando las implicaciones de la irrupción militar para la vida cotidiana y los DDHH para quienes habitan y transitan los territorios irrumpidos1. Y seguirá preguntando ¿a qué vinieron? y ¿cuándo se van?
1. CCIS también investigó las estrategias que adoptan quienes habitan y transitan los territorios irrumpidos para protegerse, cuidarse y poder vivir con dignidad en los territorios irrumpidos. Dichas estrategias serán compartidas en un intercambio entre las mismas personas, pero no son publicadas por seguridad de quienes las implementan.
¿A qué vinieron? Militares en contexto de megaproyectos y sus implicaciones para la vida cotidiana y los derechos humanos es una iniciativa de Cohesión Comunitaria e Innovación Social A.C. llevada a cabo por Suhayla Bazbaz Kuri y Angélica Jocelyn Soto Espinosa, con el apoyo financiero y no financiero de la Campaña Defensores en el Desarrollo de la Coalición para los Derechos Humanos en el Desarrollo. CCIS agradece a cada una de las personas que colaboraron en esta investigación compartiendo sus experiencias, saberes, perspectivas, vivencias y sentires, algunas han optado por ser nombradas, otras han decidido permanecer anónimas por razones de seguridad. A todas, gracias. Entre las primeras están: Enrique Rodríguez Córdova, Izel López Briceño, Daira Arana Aguilar, Ana Isabel Castillo Espinosa, Aleida Hernández Cervantes y Paulina González Orozco. Queremos compartir, reconocer y visibilizar sus aportaciones porque contribuyen a la construcción colectiva de conocimiento.
CCIS quiere dedicar esta investigación a la memoria de Johan Madrid Murgía, trabajador que murió en la construcción del denominado “Tren Maya” por presunto riesgo de trabajo -como, al menos, 64 trabajadores más- y a todas las personas que subvierten la irrupción militar de los territorios para nutrir y sostener una vida en dignidad.
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