A través de la declaración de los llamados "Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar"^XLII, o de los "Destinos Turísticos Comunitarios”^XLIII, el gobierno federal y los estatales buscan redefinir y orientar el modelo de desarrollo de las comunidades sin considerar sus propias nociones de desarrollo ni sus medios y modos de vida. Las nuevas vocaciones o actividades económicas definidas a través de estas decisiones públicas, por el contrario, sí coinciden con los sectores en los que se desempeñan las empresas militares y/o con la ubicación de sus negocios.

Polos de Desarrollo para el Bienestar y empresas militares

El "Plan México" es una estrategia económica impulsada por el gobierno federal, cuyo financiamiento y ejecución involucra a estados y municipios. Esta estrategia identifica como “sectores estratégicos” a ciertas industrias o actividades económicas que considera claves, conforme a sus criterios, para el impulso o desarrollo económico del país, entre ellas la agroindustria, aeroespacial, automotriz y electromovilidad, bienes de consumo, farmacéutica y dispositivos médicos, electrónica y semiconductores, energía, química y petroquímica, textil y calzado, la economía circular, las energías limpias, las industrias metálicas básicas, la industria del papel, la del plástico, la logística y la metalmecánica ^XLIV. Estos sectores son los mismos que suelen determinarse como las vocaciones productivas prioritarias y potenciales, es decir, las principales actividades económicas a las que podrían dedicarse las comunidades de los territorios delimitados como polígonos o los llamados Polos de Desarrollo^XLV que son parte de la misión del “Plan México”

Aunque esta estrategia económica se ha planteado para reducir la desigualdad y la pobreza, y elevar el bienestar, a través de ella el Estado mexicano define y decide qué actividades económicas se llevarán a cabo en cada territorio, así como las forma en las que los recursos serán explotados por ciertas industrias e inversionistas para la generación y acumulación de riqueza.

Hasta agosto de 2026 se emitieron 32 Declaratorias de los Polos de Desarrollo, 10 en la administración de López Obrador y 22 en lo que va de la de Claudia Sheinbaum. Veinte de esos Polos están relacionados directa o indirectamente con las empresas militares agrupadas en la Sedena. De los 32 Polos de Desarrollo que existen, siete se relacionan directamente porque coinciden geográficamente con al menos una unidad de negocio de alguna o varias de las empresas militares y otros 13 se relacionan indirectamente porque forman parte del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, el cual conecta en Palenque, Chiapas, con el Tren Maya, uno de los hoteles, un aeropuerto, un parque y un destino aeronáutico de las empresas militares. En estos Polos, el gobierno mexicano beneficia a las empresas militares al otorgar incentivos fiscales y promover la relocalización de empresas, el contenido nacional y regional en cadenas de valor, la sustitución de importaciones y la integración del continente en los territorios en los que realizan sus actividades empresariales.

Un ejemplo de esta relación se muestra en una parte del municipio de Ciudad Ixtepec, en Oaxaca, habitado por población indígena del pueblo zapoteco o Binnizá. En 2023, una parte de este municipio fue declarado Polo de Desarrollo^XLVI. Aunque la mayoría de sus habitantes se dedica a actividades agrícolas, de cultivo y el comercio, la Secretaría de Economía estableció que las principales vocaciones productivas en esa localidad eran la “eléctrica y electrónica, semiconductores, automotriz (electromovilidad), autopartes y equipo de transporte, dispositivos médicos, farmacéutica, agroindustria, equipo de generación y distribución de energía eléctrica (energías limpias), maquinaria y equipo, TICs, metales y petroquímica”^XLVII. A partir de la declaratoria como Polo de Desarrollo, el gobierno mexicano promueve a Ciudad Ixtepec como un lugar con “potencial conectividad” hacia mercados nacionales e internacionales, por su cercanía con el Aeropuerto de Ixtepec, de Gafsacomm S.A de C.^V (o GMM), y por la confluencia de líneas ferroviarias^XLVIII. Además, las empresas AIFA S.A. de C.^V. y Tren Maya S.A. de C.^V. tienen solicitudes de registros de marca para aparatos e instrumentos científicos, eléctricos y electrónicos, software, ordenadores, periféricos y soportes digitales; y Gafsacomm S.A. de C.^V. (o GMM) tiene registros en transporte, embalaje, almacenamiento de mercancías y organización de viajes, lo que se relaciona con algunas de las principales vocaciones determinadas para este Polo de Desarrollo.

Otro caso es el Polo de Desarrollo Seybaplaya ^I, en Campeche. Aunque en Seybaplaya las actividades económicas locales se concentran en la pesca ribereña, en 2025 el gobierno dispuso que sus vocaciones productivas fueran las de “logística, agroindustria, manufactura ligada a la industria energética y otras industrias ligeras”^XLIX. En este caso, el Puerto de Seybaplaya, que está a menos de 5 kilómetros de la superficie del Polo de Desarrollo, el suministro de los materiales para la construcción de los tramos 2 y 3 del llamado "Tren Maya", de las empresas militares, y el gobierno federal y estatal^L lo promocionan como uno de los puertos más importantes del país para el suministro de materiales y equipos costa afuera para la industria petrolera. Esto podría relacionarse con los negocios del sector de hidrocarburos de Gafsacomm S.A de C.^V (o GMM) y con las solicitudes de registros de marcas que hicieron AIFA S.A. de C.^V., Tren Maya S.A. de C.^V. y Gafsacomm S.A de C.^V (o GMM) para transporte, embalaje y almacenamiento de mercancías, y organización de viaje.

Para el caso del Polo de Desarrollo de Cancún, en Benito Juárez, Quintana Roo, las vocaciones productivas definidas en 2026 fueron el “turismo médico, la producción audiovisual, la animación digital y contenidos, los servicios gastronómicos, los servicios educativos y formación profesional, el comercio al por mayor de alimentos y abarrotes, los centros de servicios empresariales y financieros y los centros de distribución para el Caribe”^LI. Este Polo de Desarrollo se relaciona con las empresas militares a través del llamado "Tren Maya" pero también por la coincidencia con los sectores económicos en los que las empresas militares han mostrado interés a través de sus solicitudes de registros de marca. AIFA S.A. de C.^V., Tren Maya S.A. de C.^V. y Gafsacomm S.A de C.^V. (o GMM) solicitaron registros de marca para servicios de restauración (alimentación) y hospedaje temporal, así como de educación, formación,; servicios de entretenimiento y actividades deportivas y culturales, respectivamente.

A través del “Plan México” y los Polos de Desarrollo, algunas instituciones financieras también podrían vincularse con las empresas militares. Por ejemplo, el Grupo BID (un Banco Multilateral de Desarrollo financiado con recursos públicos de los países, conformado por el BID, Bid Invest y Bid Lab) tiene una Estrategia País vigente para México en cuyo diagnóstico se encontró que había menos coincidencia y espacio para la acción conjunta y el financiamiento “a las grandes empresas estatales” y a “proyectos nacionales específicos como algunas obras de infraestructura ejecutadas por las fuerzas armadas” pero no se excluye completamente esa posibilidad. La Estrategia contempla alinearse con las prioridades nacionales, “aprovechando el marco del Plan Nacional de Desarrollo y el ‘Plan México’”, cuyos Polos de Desarrollo están relacionados en términos geográficos, sectoriales y comerciales con las empresas militares, lo que hace plausible que las operaciones e inversiones del Grupo BID terminen relacionándose con ellas y, por ende, con el proceso de corporativización, integración e irrupción militar.

El Grupo del Banco Mundial (conformado por el Banco Mundial y la Corporación Financiera Internacional) también ha planteado públicamente^LII su intención de alinear sus proyectos y operaciones con el “Plan México”, con lo que podría relacionarse también con las empresas militares.

Destinos Turísticos Comunitarios y su relación con las empresas militares

Las empresas militares también han aprovechado la conceptualización y promoción del “turismo comunitario” para transformar y adaptar los “recursos naturales y culturales” de las comunidades para favorecer sus unidades de negocio vinculadas con el turismo.

En 2026, la Presidencia de México declaró de interés público y prioridad nacional al “turismo comunitario”^LIII. Con ello vino la declaración de los denominados "Destinos de Turismo Comunitario”, definidos como territorios conformados por una o más localidades que "cuenten con atractivos, vocación o potencial turísticos”. Como parte de esta estrategia, el gobierno mexicano estableció dotar a estos territorios de inversión pública, infraestructura y equipamiento pero sin dejar el destino y uso de esa inversión en manos de las comunidades.

De acuerdo con la declaratoria de los “Destinos de Turismo Comunitario”, las decisiones sobre los proyectos y actividades turísticas estarán a cargo de una Coordinación Nacional para el Fomento del Turismo Comunitario, presidida por el Fonatur y las Secretarías de Bienestar; de Medio Ambiente y Recursos Naturales; de Cultura, y de Turismo, así como de la Procuraduría Agraria y del INPI. Si bien el decreto no menciona a la Sedena ni a las empresas militares en particular, sí dice que las empresas públicas del Estado podrán ser invitadas a las sesiones de la Coordinación cuando así lo estimen necesario sus integrantes y que las comunidades tendrán voz pero sólo a través de un “representante del sector social” y no tendrán voto. La declaratoria de estos destinos impone a ciertas comunidades —particularmente a aquellas que el gobierno federal considere aprovechables o explotables en términos de sus recursos— una forma de vida social y económica sobre la que ellas no deciden.

Esta exclusión no es nueva. Antes del decreto del turismo comunitario, la Sectur ya tenía lineamientos para la emisión del "Distintivo de Prestadores de Servicios Turísticos Comunitarios", el cual distingue a las personas prestadoras de servicios turísticas entre "semilla” y de "excelencia", y cuya obtención implica muchos requisitos^LIV, como tener un "Documento de identidad comunitaria" expedido por alguna autoridad, una "Constancia de capacitación" de alguna entidad acreditada por la Sectur, "Evidencias comprobatorias" de las respuestas del "Cuestionario de Autoevaluación" y un "Plan de Mejora". Esto jerarquiza y estigmatiza a quienes ejercen el turismo comunitario porque no se valora que entre las y los prestadores de servicios locales hay una diversidad de saberes y prácticas distintas a las que establece o valida de forma estandarizada el gobierno.

Además, las autoridades federales y estatales, particularmente la Sectur, participan en eventos en los que comúnmente no incorporan a habitantes de los territorios ni a los prestadores de servicios locales, cooperativistas o microempresas, quienes, desde hace décadas, construyen, conservan y defienden un modelo de turismo que pone al centro a las personas y al resto de la naturaleza. Por el contrario, las empresas militares son reconocidas y se posicionan como agentes económicos en el sector turístico a través de las ubicaciones de sus aeropuertos, los destinos de su aerolínea, la ubicación de las estaciones de pasajeros del llamado “Tren Maya”, sus hoteles, sus museos, sus parques y sus tiendas.

Desde el gobierno federal y los estatales se pretende colocar a las empresas militares y sus unidades de negocio como nodos para el turismo comunitario o como referentes de ello. Por ejemplo, en el Museo Histórico de la Ciudad de Felipe Carrillo Puerto, recientemente rehabilitado por ingenieros de la Sedena, se reconocen elementos centrales de la cosmovisión y ancestralidad mayas (como la milpa, la meliponicultura o bordados) pero sólo para vincularlos con el llamado “Tren Maya”, como si éste fuera ejemplo de proyectos turísticos de las propias comunidades o como si fuera un eslabón que deviene de la forma de vida de los pueblos mayas.

Además, la denominación de “turismo comunitario” se usa para nombrar ciertos locales en las estaciones del llamado "Tren Maya” que están desocupados o inutilizados; para poner “mercados de artesanías" sin clientes y a los que llegar supone recursos, tiempo y esfuerzo para las personas artesanas; y para vender artesanías (o productos industriales que hacen pasar como tal) en sus hoteles, pero no existe, por parte de las empresas militares, un proceso de fomento ni de reconocimiento de las personas de las comunidades, principalmente mujeres, que se dedican a las distintas ramas de la artesanía con aprovechamientos sostenibles y tampoco se eliminan las barreras burocráticas, potencialmente discriminatorias, que ellas enfrentan.

Posicionar a las empresas militares como una opción de turismo comunitario no es más que una estrategia comercial para atraer hacia ellas a un segmento de la demanda turística que busca alternativas de bajo impacto ambiental y social, y para limpiar su imagen frente a los impactos negativos sociales, culturales, ambientales y económicos que tienen sus megaproyectos y actividades empresariales.

Las empresas militares buscan evitar la fragmentación de sus negocios en múltiples EPEM, o entre agentes económicos que no estén agrupados a la Sedena, y facilitar la concentración operativa de dichos negocios en unas cuantas empresas militares, como lo hicieron con la constitución y fusión de varias EPEM con Gafsacomm S.A de C.^V (o GMM)^LV. Con ello, las empresas militares pretenden integrar las cadenas de valor y suministros en los sectores en los que actúan como agentes económicos, por ejemplo, al controlar los vuelos, aeropuertos, trenes hasta los hoteles, parques y museos, y al aliarse con otros agentes económicos para que, en lugar de competir, se distribuyan el mercado, como con la conexión intermodal de ADO desde las estaciones del llamado "Tren Maya" o los vuelos de Volaris en los aeropuertos a cargo de las empresas militares.

También hay barreras de entrada, tarifas, precios y condiciones de acceso que impiden o distorsionan sustancialmente las condiciones en las que otros agentes económicos que no son las empresas militares pueden acceder a los mercados y a los insumos esenciales para su actividad económica y ofrecer sus bienes y servicios, lo que disminuye o impide la libre concurrencia y la competencia económica en los territorios en los que la actividad de las empresas empresas militares debía fungir como un motor económico.

Se identificó que las y los prestadores de servicios turísticos locales deben cubrir una serie de costos periódicos asociados a la obtención y renovación de distintos trámites, como el predial, las licencia de construcción y funcionamiento, la constancia de inexistencia de riesgos de protección civil, el permiso de venta de vinos y licores, uso de suelo, el Registro Nacional de Turismo (RNT), el agua potable y pipas, luz eléctrica, recolección de basura comercial, gas, nómina y el Registro Nacional de Turismo, entre otros. El monto por esos servicios es cada vez más alto y representa un mayor porcentaje de sus ingresos, mientras que las empresas militares pueden asumir estos costos por las ventajas que se les dan.

También se detectó que el importe por habitación por noche que ofrecen los hoteles de las empresas militares está por debajo del que suelen fijar los hospedajes de su tipo en el mercado. Por ejemplo, a finales de diciembre de 2025, el costo de la noche en el Hotel Mundo Maya Calakmul era de $2,100 MXN. Ello provocó que prestadores de servicios turísticos locales de 23 hoteles y 30 restaurantes en Xpujil y comunidades aledañas a la Reserva de la Biósfera, organizados en el Comité de Turismo del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable del Municipio de Calakmul, denunciaran públicamente una competencia alevosa de parte del hotel militar. Pese a ello, en agosto de 2026, Gafsacomm S.A de C.^V (o GMM) anunció, en conjunto con Sectur, un fortalecimiento de su oferta turística con tarifas preferenciales por temporada, dejándola para la sede de Calakmul en $1,850 MXN, es decir, una reducción de casi 12%.

Este tipo de acciones por parte de las autoridades y las empresas militares desoye a quienes viven del turismo en las comunidades, y crean y mantienen empleos a partir de dicha actividad. De acuerdo con habitantes de Calakmul, el hotel de Gafsacomm S.A de C.^V (o GMM), por el contrario, tiene una altísima tasa de rotación de personal y recientemente despidió a casi la mitad de su personal. Las tarifas preferenciales que ofrecen las empresas militares, además, son posibles porque reciben apoyos fiscales y porque no se les exige generar utilidades. Además, el Hotel de Calakmul goza de una ubicación privilegiada, a 10 kilómetros de la zona arqueológica y dentro de la Reserva, en la cual no se podría establecer algún otro prestador local. El resto de los hoteles de la zona actualmente se ubican a más de 60 kilómetros de la entrada hacia el sitio.

La articulación de la actividad económica alrededor de las empresas militares también ha implicado la fijación de precios para ciertos bienes y servicios, como los que realizan las personas guías de turistas. Por ejemplo, alrededor del sitio arqueológico de Chichen Itzá hay mantas que indican un "precio oficial" para este servicio, el cual fue definido por la Secretaría de Turismo de Yucatán y el INAH pero es vigilado y controlado por las empresas militares. Personal del hotel de Gafsacomm S.A de C.^V (o GMM) en Chichen Itzá afirmó que trabajan con ciertos guías de turistas que se ciñen a dicho precio oficial que, además,es el que se da a sus huéspedes como referencia de costos. Sin embargo, las personas guías no tienen libre acceso a las personas que se hospedan para ofrecer sus servicios y si algo de su servicio no les gusta a los clientes se da aviso a Gafsacomm S.A de C.^V (o GMM) y no se les vuelve a dar trabajo. Para poder trabajar, las personas guías ya no sólo tienen que estar acreditadas y certificadas sino que ahora también deben aceptar un precio fijo para sus servicios, lo que impide que lo que se les debe pagar fluctúe conforme a la duración y tipo de actividad y recorrido, a la temporada y/o a la disposición y poder adquisitivo de las y los clientes.

Asimismo, la estructuración de las actividades económicas alrededor de y en beneficio de los negocios de las empresas militares ha supuesto el desalojo de personas cuyos medios y modos de vida dependen de la cercanía e interacción con posibles clientes. Por ejemplo, en Tulum, la GN quitó a comerciantes en la vía pública y a personas locatarias cercanas al llamado “Parque del Jaguar”, de Gafsacomm S.A de C.^V. y luego cambió los puntos de entrada al lugar.

Otro ejemplo es en Tinum, cerca de Pisté, donde también militares intervinieron para provocar una confrontación con personas artesanas, varias de ellas mayas y que llevan generaciones dedicándose a la venta de artesanías en la zona arqueológica de Chichen Itzá. Esta confrontación se dio luego de que las personas artesanas no aceptaran ser reubicadas a un "mercado de artesanías", construido sin consultarles, que está afuera del sitio arqueológico y que es un lugar de varias hileras de cuartos con rejas. La distribución de los pequeños cuartos que fungen como locales en ese mercado no fomenta ni distribuye los flujos de personas, además de que las personas artesanas afirman que los espacios y ubicaciones se asignan discrecionalmente. El desplazamiento económico indebido que esto implica se ha traducido también en un desplazamiento físico interno forzado que afecta principalmente, y de manera específica y diferenciada, a mujeres jóvenes y adultas mayores.

Estas consecuencias negativas y efectos contrarios en las economías que provoca el proceso de corporativización, integración e irrupción militar también vulneran los derechos de las personas consumidoras o usuarias. Por ejemplo, se afecta el derecho a la información cuando no es claro y veraz quién ofrece el bien o servicio. También se perjudica el derecho a elegir cuando se exige tener reservación en un club de playa para poder acceder a un parque público y gratuito. Se menoscaba el derecho a no ser discriminadas cuando las instalaciones de las unidades de negocio de las empresas militares no son accesibles para personas con discapacidad. Asimismo, se vulnera el derecho a la seguridad y calidad cuando las obras no cumplen requisitos legales, y se afecta el derecho a la protección de datos personales, incluidos datos sensibles, cuando se colocan y operan sistemas de videovigilancia pero nadie se hace responsable por algún daño a las pertenencias.

Estos casos demuestran que cuando las instituciones militares tienen empresas y actúan como agentes económicos, las empresas militares no compiten ni permiten que se compita contra ellas.

Una de las señales de ello es la evolución del Producto Interno Bruto (PIB), que mide la riqueza económica generada en un lugar determinado. Entre 2018 y 2024 (periodo de inicio de los megaproyectos federales y la constitución de las empresas militares), el PIB nacional creció 5.05%^LVI. Este aumento, sin embargo, no se reflejó en todos los estados en los que se construyó el llamado "Tren Maya" y otras unidades de negocio de las empresas militares. Entre 2018 y 2024, en Campeche —que actualmente alberga varias rutas de pasajeros del denominado “Tren Maya”, dos hoteles y un aeropuerto de Gafsacomm S.A de C.^V-– el PIB cayó 15.92%; en Quintana Roo —donde se ubican la mayoría de estaciones del tren, dos hoteles, dos aeropuertos y un parque-– el PIB creció sólo 2.02%, mientras que en Chiapas aumentó 9.76%, en Yucatán subió 10.76% y en Tabasco subió 27.93%.

Con el Valor Agregado Bruto (VAB), que mide la riqueza generada antes de impuestos o subsidios y que sí se desagrega por actividad económica, se observa que pese a que en algunos estados aumentó la actividad de minería no petrolera y en todos la de construcción —actividades relacionadas con la construcción de megaproyectos— el llamado "Tren Maya" y las demás unidades de negocio de las empresas militares no contribuyeron a impulsar o mantener la riqueza ni el valor de la actividad turística en la región. Por ejemplo, entre 2018 y 2024, el VAG en las actividades de minería no petrolera (como la que se practica para la extracción de material pétreo con el que se hizo el terraplén que eleva y nivela el terreno que sostiene las vías del llamado “Tren Maya”) subió en Campeche 62.49%, en Quintana Roo cayó 98.37%, en Chiapas bajó 37.74%, en Yucatán subió 58.49% y en Tabasco se elevó 63.67%.

El VAB por actividad de la construcción, por su parte, subió en las cinco entidades pero en magnitudes distintas: en Campeche se alzó 180.58%, en Quintana Roo subió 132.51%, en Chiapas aumentó 32.99%, en Yucatán se elevó sólo 4.31% y en Tabasco creció 48.19%. La actividad de alojamiento únicamente creció en Yucatán y Campeche en 84.19% y 11.27%, respectivamente, aunque en este último estado entró en etapa de desaceleración (creciendo más lento) y en Quintana Roo, Chiapas y Tabasco disminuyó en 31.27%, 28.26% y 21.36%, respectivamente. El comportamiento tan disímil entre las entidades y la variación en los porcentajes en los que ciertas actividades crecieron o disminuyeron muestran que los megaproyectos federales no explican ni bastan para impulsar el desarrollo regional, ya que hay condiciones subyacentes en los estados que o no se consideraron o no se atendieron.

Entre 2018 y 2020 —periodo de inicio de la construcción del llamado “Tren Maya”--, el Coeficiente de Gini^LVII, que mide la desigualdad económica por la distribución del ingreso, aumentó en cuatro de los cinco estados en los que se construyó la obra ferroviaria.

Aunque de 2018 a 2024, el Coeficiente de Gini disminuyó a nivel nacional, las entidades en las que hubo mayor reducción en la desigualdad económica son del noreste y en el noroeste del país y no donde se construyeron los megaproyectos de las empresas militares. De hecho, el Coeficiente de Gini promedio entre 2018 y 2024 en cada uno de los cinco estados por donde pasa el llamado “Tren Maya” ––Campeche 0.444, Chiapas 0.460, Quintana Roo 0.416, Tabasco 0.431 y Yucatán 0.435–– sigue estando por encima del Coeficiente de Gini promedio para las 32 entidades federativas ––0.414––. Es decir, la concentración de recursos públicos para los megaproyectos federales de las empresas militares no hizo que la igualdad económica en los estados en los que se ubican sus unidades de negocio fuera igual o mayor a la del resto del país.

El debilitamiento económico se muestra con claridad en las entidades y en los sectores en los que se alojan la mayoría de negocios turísticos de las empresas militares y en las que el gobierno federal prometió un crecimiento nunca antes visto. Por ejemplo, el Sistema de Indicadores Turísticos de Quintana Roo^LVIII, una de las entidades que concentra gran parte de las unidades de negocio de las empresas militares vinculadas con el turismo, reportó en agosto de 2025 una afluencia de casi 99 mil visitantes en zonas arqueológicas, mientras que para junio de 2026 (mes más reciente del que se tiene registro y el inicio de la temporada vacacional) la afluencia fue de 66 mil 412 personas; es decir, lejos de atraer a más turistas al patrimonio cultural y arqueológico de la región, la afluencia a los sitios arqueológicos en esta entidad se redujó aproximadamente 33% en un sólo año.

La mayor caída de la afluencia de visitantes en zonas arqueológicas la presentó Tulum, un municipio que, junto con el municipio colindante de Felipe Carrillo Puerto, integran dos hoteles, un aeropuerto internacional, el llamado Parque del Jaguar y varias paradas del llamado “Tren Maya”, todo negocios de las empresas militares. En Tulum la afluencia a la zona arqueológica se redujo 45% en un sólo año. El propio “Tren Maya” también reportó una caída en su movimiento de pasajeros al pasar de 93 mil 247 en junio de 2025 a 71 mil 379 en junio de 2026, es decir, una reducción del 23%.

Estos datos reflejan que el gasto hecho por el Estado mexicano para financiar la construcción, operación y administración de megaproyectos, y la entrega de esas obras a las empresas militares, no se ha traducido en el logro de los objetivos que el propio gobierno se trazó: mayor crecimiento, desarrollo y competitividad. Tampoco están devolviendo beneficios económicos para las localidades en las que se alojan sus negocios ni para el resto del país que sigue aportando recursos públicos para estas empresas. Lo que se observa es un crecimiento económico desigual entre entidades, sectores y actividades, y que está lejos de contribuir de manera sostenida con desarrollo y bienestar para la población de esos territorios. Incluso es posible que esté ocurriendo un alejamiento del turismo en una región que vive de esta actividad económica y cuyas comunidades trabajan día a día para que ésta no sea bajo el modelo de turismo masivo ni de uno que se nombra comunitario pero que afecta a las propias economías regionales, locales y comunitarias.

Los megaproyectos construidos por instituciones militares y entregados a las empresas militares para su operación y administración, implicaron la llegada de miles de personas de otras entidades del país para trabajos construcción, administración y de servicios a territorios en los que, de por sí, ya había una presión por la escasez de servicios públicos (como agua, luz y transporte público).

De acuerdo con personas entrevistadas en las comunidades afectadas en la Península de Yucatán, durante la construcción de las obras militares, las personas se adaptaron paulatinamente a través de alternativas económicas vinculadas a la nueva dinámica de vida, como emplearse en los megaproyectos como bandereras, albañiles o personal de servicio (incluyendo limpieza y seguridad) con sueldos más altos que otros empleos en la zona pero sin prestaciones sociales efectivas. Otras estrategias fueron poner puestos de comida para alimentar a las personas trabajadoras de la construcción y al personal militar, y rentar hospedaje (aunque en algunos casos en condiciones de hacinamiento) para quienes venían de otros lugares del país para trabajar. Esto generó, de forma temporal, nuevos ingresos económicos para las personas y las familias de las comunidades pero éste no fue permanente y representó desafíos para otras personas cuyos negocios no dependían del llamado “Tren Maya”, que no podían ofrecer los mismos sueldos que las empresas militares y que se vieron orilladas a reducir horarios laborales o días de servicio para no perder a su personal.

Animadas por la promesa gubernamental de que el llamado "Tren Maya" y los hoteles militares, y el turismo en general, traerían un desarrollo económico nunca antes visto en la región, las personas en las comunidades empezaron a construir más habitaciones y casas, lo implicó que muchas familias adquirieran deudas y que los costos de alimentación, vivienda y transporte se elevaran o, incluso, se duplicaran. La dinámica duró mientras los megaproyectos estuvieron en construcción pero conforme estos quedaron terminados, la Sedena y sus empresas iniciaron despidos masivos, especialmente del personal vinculado con la construcción, dejaron de rentar los espacios en la que pusieron infraestructura temporal y la demanda de servicios decayó. Lo que venía después de la ejecución de la obra, según la promesa gubernamental, sería la llegada de millones de turistas a la región y una demanda turística sin precedentes pero eso hasta ahora no pasó^LIX.

Las promesas no cumplidas de la narrativa oficial tuvieron impactos significativos en las decisiones económicas de las personas, quienes aún padecen sus estragos. Habitantes de Xpujil y de Felipe Carrillo Puerto, dos de las localidades impactadas por estos megaproyectos, aseguraron que la mayoría de las nuevas construcciones que personas de la comunidad hicieron para hospedaje del turismo ahora están vacías, los elevados costos de comida y renta de vivienda nunca regresaron a los anteriores y el desempleo (o la contratación de personal con sueldos más bajos) creció.

Las empresas militares emplean en sus unidades de negocio principalmente a personas en contexto y condición de vulnerabilidad, particularmente mujeres, personas jóvenes, adultas mayores o migrantes, para la realización de actividades de construcción y de servicio o promoción turística, a quienes, de acuerdo con testimonios y denuncias públicas documentadas en medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil, en algunos casos se les pide laborar más de ocho horas diarias, se les despide injustificadamente^LX (por lo que, al menos la empresa Tren Maya S.A de C.^V, ya enfrenta juicios laboralesLXI), viven acoso y hostigamiento laboral y sexual^LXII, no se les informa debidamente sobre quién les está contratando (si es la Sedena, alguna empresa militar o por subcontratación), reciben indicaciones tanto de personal militar como civil, se les exige “productividad” en mensajes escritos en las paredes de las unidades de negocio y laboran en entornos altamente estratificados; en el llamado Parque Uxmal, por ejemplo, el personal administrativo tiene hora y media de receso mientras que al personal operativo se le asigna sólo media hora.

Por otro lado, en los megaproyectos ferroviarios de pasajeros que construyen militares en el centro y norte del país, personas que conducen volquetes han denunciado públicamente el incumplimiento de pago y adeudos por parte de la Sedena^LXIII. También se siguen registrando casos de muertes o lesiones de personas trabajadoras por presuntos riesgos de trabajo en obras militares^LXIV pero sin que la institución militar les reconozca como trabajadores propios, y personas trabajadoras en esos mismos megaproyectos ferroviarios han denunciado abusos y humillaciones por parte del personal militar que participa en su construcción^LXV.

Aunque no hay información oficial al respecto, varias personas habitantes en las localidades de la Península de Yucatán en las que hubo o hay presencia militar para la construcción, operación o administración de las obras militares, refirieron casos de violencia sexual, explotación sexual comercial, desaparición y exigencia de servidumbre por parte de elementos del Ejército en contra de mujeres adultas, jóvenes y niñas. Ello originó que las mujeres cambiaran sus dinámicas y actividades cotidianas, como las horas en las que se reúnen en los espacios públicos, así como sus horarios y medios de traslado y actividades recreativas. Esto podría replicarse en las comunidades en las que se construyen los nuevos megaproyectos ferroviarios en el centro y norte del país por el despliegue de decenas de miles de efectivos que ello implica.

La explotación que caracteriza la expansión de la corporativización, integración e irrupción militar también puede interpretarse a partir de la apropiación y mercantilización de los símbolos, la memoria, el lenguaje, las historias y todo el patrimonio cultural que hacen las empresas de las culturas de la región. Se documentó, por ejemplo, la utilización del patrimonio cultural material e inmaterial de los pueblos mayas peninsulares con fines comerciales sin haberles consultado ni obtenido su consentimiento previo sin ninguna pertinencia cultural. Ejemplo de ello son los nombres de las propias empresas militares "Tren Maya Tsiimin K'áak S.A de C.^V." "Olmeca-Maya-Mexica", el logo del pretendido Kukulkán de Gafsacom S.A de C.^V (o GMM), la simulación de glifos mayas en estructuras falsas en los accesos al Aeropuerto Internacional de Tulum "Felipe Carrillo Puerto", a sus hoteles y los bienes y servicios que ofrecen, como el "Ritual maya de bienvenida” y la "Choza Maya Spa” o el "Uxmito" en el Parque Nuevo Uxmal.

Las empresas militares publicitan sus servicios turísticos con mensajes como “ven a conocer el ‘mágico’ mundo maya", lo que, más que promover, exotiza a los pueblos mayas peninsulares. Además, en las estaciones del tren se exponen primero los símbolos, lemas y reconocimientos de la institución militar y sólo dentro de las estaciones o en lugares menos visibles se expone algún elemento de las culturas de la Península, pero sin explicarlas a profundidad ni diferenciarlas por sus particularidades.

Lo mismo ocurre con los animales no humanos a los que las empresas militares ponen en una condición de explotación y sumisión frente a los humanos y les usan en su publicidad y señalética. Ejemplo de ello es el denominado "Temayín", un jaguar considerado la "mascota" oficial del llamado "Tren Maya" que es utilizado como estrategia comercial pese a que la vida y entorno del jaguar es amenazado por las obras militares. Además, las empresas militares tienen en jaulas o "recintos", y para su exhibición, a animales en peligro de extinción (como el jaguar, el ocelote o el tigrillo) o sujetas a protección especial (como el venado cola blanca), esto ocurre en el Parque Nuevo Uxmal de Gafsacomm S.A de C.^V (o GMM), el cual se enuncia como espacio de conservación pero donde los animales son expuestos al público con fines comerciales y, de acuerdo con el propio personal del parque, son sacados de sus hábitats para ser llevados de una unidad de negocio a otra.

Los propios territorios han sido también acaparados, apropiados y despojados por las empresas militares principalmente mediante decretos de expropiación de tierras. Estos territorios son ocupados no sólo para las diversas unidades de negocios sino también para la infraestructura administrativa que requieren para ampliarse corporativamente y para uso exclusivo del Ejército Mexicano o la GN por medio de destacamentos, unidades habitacionales (algunas con características de vivienda vacacional) y casas de descanso para militares en retiro.

Distintas instancias públicas no han dado información objetiva y completa sobre qué actividades económicas realizan las empresas militares, todos los sectores en los que están interesadas y sus impactos ambientales, culturales, económicos y sociales. Cuando las personas y comunidades han cuestionado la actuación de las empresas e instituciones militares, el gobierno responde con represión, intimidación, desplazamiento, engaños y otras expresiones de la violencia institucional. Por ejemplo, una prestadora de servicios turísticos en Tulum dijo que cuando inició la construcción del Parque del Jaguar todas las personas que ofrecían información turística en la vialidad principal fueron desalojadas por la fuerza por parte de la GN, quien les amenazó de acusarles de narcotráfico si no accedían a quitarse. Esta mujer, joven, asegura que tras estos hechos perdió su negocio, tuvo que desplazarse a vivir a otro lugar y ahora que regresó a Tulum trabaja como promotora turística para otra persona.

La información sobre las empresas militares sigue siendo difusa, ambigua, incompleta, falsa o engañosa. Por ejemplo, lo militar es visible y prevalece en los negocios de las empresas militares (placas, logos, colores, personal, vehículos, etc.); sin embargo, al preguntar, las personas que dan servicio a clientes en sus unidades de negocio, aseguran que "no tiene nada que ver con la Sedena" sino que es un "corporativo". Aunque megaproyectos como el llamado "Tren Maya", el Museo de los Ferrocarriles o los parques del Jaguar y Nuevo Uxmal se anuncian como una experiencia turística, hay militares, vestidos de civiles, vigilando, controlando, disciplinando y castigando la conducta de las personas civiles a través de la observación directa o videograbada, el acecho a las conversaciones mediante transmisores-receptores portátiles, y el interrogatorio sobre la procedencia, profesión, duración de la visita y otros datos personales.

A pesar de que el gobierno federal, estatal y las instituciones militares en particular niegan las violaciones a los derechos humanos que ha implicado este proceso, el personal de las empresas militares, o quienes están en sus instalaciones, afirman que ellas son las que están bajo ataque y son "difamadas", que se da "mala información" o que se les "tira tierra", y cuestionan, obstaculizan o prohíben que se tomen fotos o videos y restringen el espacio cívico.

En una vista a la zona arqueológica de Chichen Itzá, una mujer que se identificó como trabajadora del INAH cuestionó de forma intimidante que se tomaran fotografías del espacio que sería destinado a las personas artesanas y, al explicar su versión del conflicto, dijo que las personas artesanas acosaban al turismo y que las y los visitantes buscaban una experiencia tranquila y en silencio. También dijo que las personas artesanas eran problemáticas y que no querían resolver el conflicto. Por su parte, personas artesanas que laboran dentro de la zona arqueológica explicaron que la venta de artesanías es una práctica histórica, que las personas turistas no se han manifestado en contra de ellas sino que les brindan su respaldo y que en las reuniones con las autoridades, elementos militares les amedrentan y provocan para iniciar una confrontación violenta en la que no han caído. Las personas artesanas también refirieron que la Sedena mantiene una presencia constante, pero camuflada de civil, al interior de la zona arqueológica y que personal de la GN o del Ejército realizan tres rondines al día. En una visita los días posteriores a una confrontación de las autoridades con la comunidad se constató que un helicóptero de la Sedena sobrevuela el sitio.

En los accesos y dentro del Parque del Juagar se observó el uso de elementos de la GN para limitar el ingreso y el libre tránsito hacia las playas públicas, también se identificó que este personal resguarda y vigila todo el parque. Se identificó que incluso quienes prestan un servicio médico por parte de Gafsacomm S.A de C.^V (o GMM) comparten y transmiten una narrativa institucional en la que se acusa a las personas locales de propiciar entornos del crimen organizado y no respetar el medio ambiente. Además, se enfatizó que las instituciones militares llegaron a “ordenar” y “pacificar” el lugar.

Un trabajador de un restaurante dentro del Parque del Jaguar afirmó que elementos militares amenazan a quienes viven y laboran ahí de que si no aceptan los megaproyectos y los negocios de las empresas militares, las instituciones de seguridad, como la GN, se irán y dejarán a la población a expensas del crimen organizado.

Es de destacar que en la Península de Yucatán, las instituciones militares comprometieron mejoras en las comunidades a cambio de que éstas contribuyeran a la realización de los megaproyectos. Esto constituye una forma de violencia institucional porque la provisión de obras y servicios públicos es una obligación de los gobiernos y no una dádiva compensatoria ni una palanca de presión. Algunas de estas obras, además, no se cumplieron o, lo que se hizo, no resolvió los problemas de las comunidades. Este es el caso de Xpujil, Campeche, donde históricamente se padece de una importante escasez de agua y donde se prometió la modernización de un acueducto (a cargo de la Sedena) a cambio de que respaldaran la construcción del llamado “Tren Maya”; aunque el acueducto fue inaugurado desde enero de 2024^LXVI, la población asegura que hasta ahora permanece sin agua y que el acueducto presenta fallas, mientras el hotel de las empresas militares en esa región tiene dos albercas y las pipas militares extraen agua de las propias localidades, como Zoh Laguna o el Ejido 20 de noviembre.

Además, en el caso de los nuevos proyectos ferroviarios, personas ejidatarias y comunidades denunciaron públicamente que la Sedena tampoco ha cumplido con sus compromisos. Por ejemplo, en Tizayuca, Estado de México, personas pertenecientes a la comunidad de Huitzilá protestaron^LXVII en la obra del Tren México-Pachuca para denunciar diversas afectaciones, como contaminación ambiental y auditiva por el uso de maquinaria pesada en la madrugada, grietas en viviendas por vibraciones, falta de pagos en predios afectados y la falta de diálogo con los responsables del proyecto. También dijeron que elementos militares son “déspotas” o groseros cuando personas de la población les cuestionan sobre el megaproyecto. En respuesta a ellas, el general Ricardo Vallejo Suárez, comandante del AIFA, pidió en la conferencia de la Presidencia de la República a las comunidades afectadas cooperar y apoyar al Ejército para acelerar la construcción de las obras ferroviarias^LXVIII.

Este proceso debilita la dinámica comunitaria a partir de la presencia, ocupación y actuación de las fuerzas armadas de manera vigilante, disciplinante y con fines de control en los territorios. De acuerdo con personas entrevistadas en las comunidades afectadas en la Península de Yucatán, la presencia de personal militar transformó por completo sus dinámicas de vida y generó, en palabras de un habitante de Xpujil que trabajaba en Becán, “un disturbio social”.

La institución militar a cargo de la construcción del llamado “Tren Maya” y los hoteles de Gafsacomm S.A de C.^V se instaló en localidades pequeñas de forma permanente o provisional,aunque por períodos de más de un año e incluso después de haber terminado la ejecución de las obras. Zonificaron y tomaron espacios públicos importantes de las comunidades, como canchas y mercados, para sus actividades exclusivas, impidiendo el paso al resto de las y los habitantes. De acuerdo con las personas consultadas, aumentó la venta y el consumo de alcohol, especialmente los días de pago y en los lugares cercanos a las instalaciones militares, se iniciaron conflictos entre personas de la comunidad y personal castrense o entre integrantes de la propia comunidad, se propiciaron vínculos abusivos (con amplias diferencia de edad, de poder y con características de servidumbre o explotación sexual) entre personal militar y mujeres de la comunidad, y en general se generó una percepción de mayor inseguridad, violencia y desconfianza.

Además, hay varios testimonios y notas periodísticas que aseguran que con la llegada de las FFAA, en el contexto de los megaproyectos, también llegó el crimen organizado a territorios en los que antes no estaba. Esta situación ha provocado que se dejen de realizar, o se deje de asistir, a fiestas de las comunidades mediante las cuales se preserva y transmite la memoria, la ancestralidad y la cosmovisión de los pueblos, o incluso, como aseguran personas de comunidades afectadas, que algunas de estas celebraciones sean financiadas por facciones de los cárteles.

Bajo la presencia militar también incrementó la desaparición de personas, lo que en varios casos, de acuerdo con testimonios de habitantes, podría asociarse a rondines o retenes militares. En Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, por ejemplo, las personas entrevistadas refirieron que tras la llegada de los militares para la construcción de los megaproyectos se identificó un aumento en el enganchamiento de hombres jóvenes, sobre todo habitantes de localidades pobres, para la venta y consumo de drogas, con lo que vino un aumento en la desaparición de personas. De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO)^LXIX, entre el 16 de diciembre de 2018 (año de arranque de la construcción del llamado “Tren Maya”) y el 15 de septiembre de 2026 se reportaron en ese municipio un total 114 personas como desaparecidas o no localizadas, de las cuales 81 permanecen en esa condición, la gran mayoría hombres. De acuerdo con los datos oficiales, el reporte de personas desaparecidas ha aumentado año con año pero en 2025, cuando inauguraron los hoteles de las empresas militares y otros de sus negocios en la región, la cifra se disparó al pasar a 37 personas desaparecidas en sólo ese año. Las personas de las comunidades también refirieron la existencia de fosas clandestinas en las que familiares de las personas desaparecidas buscan a sus seres queridos.

Las personas entrevistadas aseguraron, además, que han aumentado delitos como la extorsión (principalmente en retenes carreteros), el feminicidio y otros. De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública^LXX, Benito Juárez, en Quintana Roo, Tapachula en de Chiapas, Centro en Tabasco y Mérida en Yucatán –lugares con uno o más megaproyectos de las empresas militares– están en la lista de los 20 municipios con más casos de feminicidio, por cada 100 mil habitantes, cometidos entre enero y julio de 2026.

Igualmente, la percepción de inseguridad aumentó desde que inició la construcción de los megaproyectos de las empresas militares. Por ejemplo, según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), en Campeche la inseguridad pasó de ser el principal problema para 49.8% de las personas mayores de 18 años en 2018 a serlo para 58.2% de la población en 2025. La percepción de inseguridad en la entidad pasó de 57.8% a 68.9% en el mismo periodo.^LXXI. En Chiapas, la inseguridad como problema principal pasó de 40.5% en 2018 a 53.2% en 2025; y la percepción de inseguridad en la entidad pasó de 71.4% a 74.0% en el mismo periodo (aunque en 2024 tuvo su máximo histórico en 77.5%)^LXXII. En Quintana Roo la inseguridad como problema principal pasó de 68.1% en 2018 a 70.5% en 2025, mientras que la percepción de inseguridad pasó de 73.3% a 80.3% en el mismo periodo^LXXIII. En Tabasco la inseguridad como principal problema pasó de 67.4% en 2018 a 70.7% en 2025, mientras que la percepción de inseguridad bajó ligeramente de 91.95 a 89.8% pero permanece en niveles sumamente altos^LXXIV En Yucatán, la inseguridad como principal problema pasó de 45.3% en 2018 a 53% en 2025 mientras que la percepción de inseguridad pasó de 32.5% a 39.6% durante el mismo periodo^LXXV. Estos son los estados que actualmente concentran el mayor número de megaproyectos o unidades de negocio a cargo de las empresas militares.

La incidencia delictiva oficial no refleja la dimensión real de estas problemáticas porque las personas tienen miedo fundado a denunciar los delitos ante la posible colusión entre autoridades y delincuentes.

El hostigamiento, la estigmatización y la criminalización de personas defensoras del territorio y el amedrentamiento en contra de sus organizaciones o colectivos, aunado a las divisiones y tensiones al interior de los mismos que se ha generado por esos factores y en general por la reducción del espacio cívico que posibilita la libertad de expresión, asociación, reunión y manifestación, también ha fragmentado o fracturado procesos participativos y organizativos de y en las propias comunidades.